El emblemático caso Nóos y la empresa de telefonía han llevado a Iñaki Urgandarín a prisión por comprobar la malversación de fondos públicos, asociación ilícita y lavado de dinero. Según investigaciones oficiales de expertos en la familia real, el exbalonmanista y la infanta Cristina no han devuelto lo sustraído al Estado Nacional, por lo que se regocijan de una vida digna de plebeyos. Tal es así que hasta el mismo fallo de la Audiencia Provincial de Baleares ha beneficiado a la expareja en la suma de 201 mil euros que deben ser entregado cuanto al ser considerados absueltos.
Vale aclarar que la repartija sería dividida en tres partes: un tercio para la infanta Cristina - 68 mil euros-, el otro porcentaje a el exdeportista y por último al exsocio de la compañía, Diego Torres. La controversia de este episodio es la intención de los abogados del excuñado del rey Felipe VI. "Se consigna que cobren los mayores pagadores de la condena (Urdangarin y Torres), y se excluye a las esposas", contó la escritora Paloma García Pelayo. Luego, el cambio de criterio judicial fue radical cuando recapacitaron que las parejas de los demandados fueron las que salieron también damnificadas. "Sí se reconoce a las esposas, pues ellas también han pagado", complementó Pascual Vives, abogado del exyerno de Doña Sofía.
El plazo estimado para este reembolso será de diez días, en la que la infanta Cristina exactamente percibirá 68.479,97 euros, mientras que Iñaki Urgandarín será beneficiario de la suma de 132.695,03 euros. Por su parte, según confirmó el portal digital ´Lecturas´, la hija del emérito rey Juan Carlos I manifestó su "total conformidad" con la sentencia buscando con esto intentar limpiar su buen nombre e imagen pública.
Vale recordar que la infanta Cristina fue señalada como una de las piezas claves para que le lleve a cabo el fraude financiero con la carátula: responsable civil a título lucrativo. En aquel momento, la justicia consideró que fue un actor que se benefició de las fechorías de su marido - por aquel entonces- y tuvo que abonar multas y apercibimientos económicos por el supuesto enriquecimiento ilícito.